[…] suena muy bien, pero supone un freno a la contratación, un desincentivo a la inversión y, al aumentar el paro, no mejora la calidad de vida ni las opciones de los trabajadores[3]. Si la rigidez del mercado laboral fuera una garantía de derechos, los países con mayor nivel de intervención tendrían mayores cotas de bienestar y menor desempleo. Sin embargo, ocurre lo contrario. Los ejemplos tan repetidos de los países nórdicos, que mencionaremos en el libro en varias ocasiones, son precisamente los que cuentan con mayor flexibilidad del mercado laboral[4].
-Lleva
a empresas asfixiadas por el cierre forzoso a tener que cesar actividad y
negocio y echar a todos, en vez de -alguno.
-Lleva
a no contratar después ante el miedo a que el gobierno lleve a cabo más medidas
intervencionistas en cuanto se genere un problema.
Esta
medida, en vez de proteger el tejido productivo para crear más empleo cuando
pase la pandemia, va a llevar a centenares de miles de empresas a la quiebra.
Una empresa se encuentra con cero ventas,
impuestos y costes fijos creciendo, y el gobierno le dice que se endeude, pero
la gran mayoría no puede. Aumenta riesgo de cierres y, con ello, muchos más
despidos. Exigen economía de guerra a todos y ellos continúan con gastos de
bonanza.
Imaginen la situación: Pyme con 5 empleados. Cero
ventas por cierre forzoso. Ningún impuesto exonerado y, como mucho, pospuesto. Costes
fijos acumulados.
Prohíben despedir a 1 para mantener el
negocio a flote, tiene que echar el cierre. Adiós 5 empleos y adiós empresa,
con todo lo que conlleva, pérdida de marca, de base de clientes, etc.
¿Quién
va a crear un negocio o invertir en un país donde lo primero que se decide en
un cierre de actividad obligatorio por emergencia es que las empresas carguen
con todos los costes, asuman todos los impuestos y como mucho, y si se lo
conceden, se endeuden?
En 1976[1], tras
la muerte de Franco, se establecieron una serie de leyes laborales tan
agresivas que prácticamente estaba prohibido despedir. Tal vez al lector le
parezca una idea estupenda, pero el paro se duplicó en cinco años[2].
Mientras tanto, los países nórdicos o anglosajones flexibilizaban sus
legislaciones laborales y lograban reducir su desempleo.
La rigidez del mercado laboral suele darse
por medidas legislativas que buscan activamente entorpecer un cambio de patrón
de crecimiento o sostener el existente, cuando es obsoleto. Políticas que
buscan perpetuar el poder en la negociación de ciertos agentes o que
directamente suponen que el Estado deba decidir en todo el proceso de
inversión. La rigidez no se limita a si un contrato es fijo o si es fácil
despedir, sino a todo un conjunto de leyes y acciones que burocratizan,
intervienen y entorpecen.
Solo protege en el papel, suena muy
bien, pero supone un freno a la contratación, un desincentivo a la inversión y,
al aumentar el paro, no mejora la calidad de vida ni las opciones de los
trabajadores[3]. Si la rigidez del mercado laboral fuera
una garantía de derechos, los países con mayor nivel de intervención tendrían
mayores cotas de bienestar y menor desempleo. Sin embargo,
ocurre lo contrario. Los ejemplos tan repetidos de los países nórdicos, que
mencionaremos en el libro en varias ocasiones, son precisamente los que cuentan
con mayor flexibilidad del mercado laboral[4].
[1] Ley
16-1976
[2] 1976-1980
[3] Why
Deregulate Labour Markets?, Gøsta Esping-Andersen, Marino Regini (Oxford, 2000)
[4] Scandinavian
Unexceptionalism. Culture, Markets and the Failure of Third-Way Socialism (Nima
Sanandaji, IEA)
No hay comentarios:
Publicar un comentario